Las Brigadas Vecinales demandan a la Delegación del Gobierno por vulneración de derechos fundamentales

Desde 2009, las BVODH llevan a cabo una labor de documentación y denuncia de identificaciones por perfil racial llevadas a cabo por la Policía en Madrid

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no ven con buenos ojos que un grupo de vecinos observen, documenten y, posteriormente, denuncien la labor de identificación por perfil racial que realizan de forma sistemática en diversos puntos de Madrid. Es por eso que diversos miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (@BrigadasDDHH) han sido denunciados por la Administración al realizar esta labor de vigilancia. Y esto, en palabras de una de ellos, «está violando nuestro derecho a la información, a la libre expresión y a la asociación».

Ante esta situación, el colectivo de vecinos decidió interponer una demanda contra la Delegación del Gobierno de Madrid en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo el pasado viernes 14 de septiembre. Con este paso, aparte de «denunciar que se nos está criminalizando», como explicaron en la rueda de prensa, las BVODH esperan también que se siga visibilizando la vulneración de derechos de colectivos inmigrantes por parte de la Policía, y que ellos llevan denunciando desde 2009.

La Policía lleva a cabo “controles de identidad racistas” en Madrid

[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]

P.Horrillo.- Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) han presentado el primer informe sobre los “Controles de identidad racistas en Madrid”. Los miembros de esta agrupación, ciudadanos apoyados por diversos colectivos y asociaciones de barrio, han llevado a cabo un registro desde diciembre de 2009 hasta mayo de este año sobre acciones policiales que definen como “ilegales e inconstitucionales”. La principal conclusión que se extrae del informe es la existencia de dichos controles pese a la negación constante por parte del Gobierno, como ya ocurrió en febrero de este año cuando el ahora ex-ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que “no hay redadas en nuestro país, no existen”.

En este año y medio de actividad, los miembros de las BVODH han podido constatar que en más de un 40% de sus salidas han encontrado dispositivos selectivos de control de identidad. Además, explican que la identificación se efectúa siguiendo criterios de aspecto (por cómo van vestidos) y fenotípicos (por sus rasgos físicos) por lo que “se atenta contra el principio de igualdad”. También advierten de que los controles se realizan en zonas de la ciudad muy transitadas, tales como estaciones de medios de transporte “convirtiendo el espacio público en un lugar sujeto al control policial”.

Estas acciones, llevadas a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía siguiendo las órdenes del Ministerio del Interior, “constituyen un hostigamiento contínuo que conlleva la interiorización del miedo a la hora de realizar actividades cotidianas que se convierten en actividades de riesgo”. En términos legales, las personas que carecen de un permiso de residencia en vigor están en situación irregular, hecho que constituye una falta administrativa y no un delito penal. Pese a esta legislación, las BVODH denuncian cómo la identificación de personas conlleva unas consecuencias muy negativas tanto en el terreno individual como en la percepción social de estas personas.

Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA

Aunque las salidas de las BVODH no suponen un muestreo estadístico representativo en la ciudad (por falta de recursos técnicos y humanos), su denuncia se apoya también en datos oficiales. En febrero de 2010, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) puso en conocimiento público la cifra de 445.000 personas identificadas durante 2009, lo que pone de relevancia la elevada presencia de controles policiales en la ciudad.

Ya en junio, las BVODH denunciaron públicamente que la Policía había interpuesto denuncias contra varios miembros de las brigadas que se enfrentaban a sanciones económicas por valor de 3.700€. Pese a los argumentos esgrimidos por los agentes, las BVODH se ven legitimadas para continuar recogiendo datos de estas redadas ya que consideran que su labor es necesaria.

Asociaciones vecinales denuncian multas por vigilar el trato policial

[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]

P.Horrillo.- Las “Brigadas Vecinales de observación de derechos humanos”, apoyadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y otras 70 asociaciones y colectivos sociales, han denunciado hoy públicamente el acoso que están sufriendo por parte del Gobierno. Esta organización de vecinos realiza una labor de observación y documentación de las actuaciones policiales llevadas a cabo para identificar ciudadanos inmigrantes en situación irregular. José Luis de la Flor y Malena Becerra, dos de sus representantes, han explicado cómo la Policía ha interpuesto denuncias contra varios miembros de las brigadas, que ahora se enfrentan a sanciones económicas por valor de 3.700€.

Foto tomada en la FRAVM | @patrihorrillo | CC BY/SA

La apertura de los últimos expedientes sancionadores se remite al pasado 10 de mayo, en la Plaza de Oporto, cuando “un grupo de policías vestidos de civil realizó más de 70 identificaciones de perfil racial en menos de 2 horas”, explica de la Flor. Esta vez (como en otras dos ocasiones anteriores, según han contado), los participantes de las brigadas fueron abordados por policías que “coaccionaron su labor de observación y documentación, cuando les exigieron la filiación, sin mediar criterio alguno, y argumentando que obedecían órdenes”, detalla de la Flor. La actuación policial se ampara en el artículo 23 h) de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que “constituye infracción grave: La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”. Sin embargo, los representantes de las brigadas niegan taxativamente este argumento y llaman la atención al hecho de que los boletines de denuncia entregados por la Policía estaban “redactados de antemano”.

Este movimiento civil surgió en diciembre de 2009, en Madrid, con el objetivo de poner freno a las redadas policiales que buscan la detección y detención de inmigrantes que estén en situación irregular, basándose en rasgos étnicos. La actuación de la Policía para llevar a cabo estas actuaciones se basa en el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que legitima a los agentes para solicitar la identificación de personas en la vía pública, en aras de la protección de la seguridad. La labor de las brigadas, que según han explicado desarrollan su actividad dentro del marco legal e identificados con chalecos reflectantes para ser fácilmente reconocidos, ha sido la de hacer visible una situación que tachan de ilegal. En palabras de Margarita Martínez, miembro de Inmigrapenal: “La ilegalidad de estas prácticas no sólo ha sido denunciada por asociaciones como las Brigadas, sino que el Sindicato Unificado de la Policía ha reconocido que algunas de esas prácticas podrían ser constitutivas de delito”.

Chalecos empleados por las Brigadas | @patrihorrillo | CC BY/SA

Las Brigadas Vecinales también han anunciado que en el mes de julio sacarán un “Informe blanco” en el que aparecerán los datos recogidos durante este último año. En el informe se detallarán las experiencias documentadas de más de 250 controles policiales registrados por la plataforma ciudadana. Vecinos de Barcelona, Bilbao o Valencia han mostrado interés en la iniciativa de la agrupación madrileña, y les han solicitado ayuda para iniciar labores de observación y documentación de estas actuaciones policiales en sus ciudades.