Proyecto de ley de fosas

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Senado el 10 de diciembre de 2007, autoriza a las Administraciones públicas a la localización e identificación de las personas enterradas en fosas comunes. Amparado por esta ley, el Govern catalán ha sido pionero en establecer un protocolo formal para llevar a término la dignificación y señalización de fosas de desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

Estas leyes han surgido como respuesta a movimientos civiles que, durante años, han reivindicado justicia para la memoria de las víctimas del conflicto y posterior represión del régimen de Franco. Suponen un complemento de la transición democrática aunque, según sus opositores, rompe el llamado “espíritu de la transición”, que implicaba “perdonar” y “olvidar”. Los contrarios a estos proyectos se escudan en la ley de Amnistía de 1977, que eliminaba cualquier responsabilidad de los colaboradores del régimen franquista sobre los asesinatos e injusticias cometidos.

En el terreno social, las Administraciones tampoco han tenido el apoyo de la Iglesia católica, institución implicada directamente en la guerra, que apoyó el levantamiento golpista y le dio categoría de “cruzada”, y se mantuvo del lado de los opresores durante la dictadura. Pese a esta reciente revisión histórica, la Iglesia no reconoce su responsabilidad, ni pide disculpas por apoyar al régimen, auque sí se sitúa a sí misma como víctima de la persecución republicana