Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, intenta crear una barrera legal que proteja su intimidad personal de los medios de comunicación. La señora Ortiz ha llegado a este extremo, sin precedentes en España en términos legales, por el acoso sufrido al ver expuesta su vida privada al comercio inmoral que algunos medios han hecho y hacen de su persona y su familia (su marido y su hija recién nacida). Para obrar de esta forma se ampara en el artículo 9 de la ley del 5 de mayo de 1982 que establece el derecho constitucional sobre la protección al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Sin embargo, los medios se defienden y lo hacen aludiendo a su derecho a informar. Como en otros casos similares, la pregunta surge en este punto cuando es necesario plantearse en qué medida la vida de la hermana de los futuros Reyes de España tiene una relevancia informativa.
Para los 53 medios informativos (entre webs, revistas, productoras y cadenas de televisión), que se alimentan, en algunos casos exclusivamente y en otros esporádicamente, de las miserias humanas de lo que ellos vienen a llamar “personas públicas”, no cabe duda alguna sobre la importancia informativa. Y resulta ciertamente lícito cuando acuerdan, con aquellos que lo desean, entrar en la rueda económica de vender los derechos de su imagen. Pero lo que no entra dentro de su gestión es aceptar la negativa a jugar con sus mismas reglas. De hecho, ninguno de los medios de comunicación “serios” que han sido demandados ha aprovechado esta oportunidad para analizar la dudosa labor informativa de algunos de sus programas. Sorprende, sobretodo, que Televisión Española haya explicado la noticia sin entonar tan siquiera un ligero mea culpa.
También ha hecho aparición en escena una curiosa (por no utilizar otro adjetivo) asociación llamada “Nos gusta la prensa rosa” que estuvo presente el mismo día en el que la señora Ortiz y su marido se presentaban en el juzgado. Sus miembros estaban allí para defender a aquellos medios de comunicación que les proporcionan la comidilla diaria con la que sentirse “informados”, y acusaron duramente la acción de la señora Ortiz equiparándola a la censura franquista. El hecho de que una emisora como la cadena SER reproduzca y dé valor a las declaraciones del portavoz de esta asociación, y no analice la manera en la que se están vulnerando los derechos, no sólo de la señora Ortiz sino de cualquier persona calificada como ‘persona pública’, obliga a dudar de la rigurosidad informativa hasta de los medios más prestigiosos.
Por lo tanto, y llegados a este punto, uno de los problemas más importantes sobre este tema es definir lo que significa ‘estar informado’, ya que definitivamente no se puede establecer una misma categoría que englobe la trascendencia de las palabras de un jefe del Estado y la dudosa relevancia del nuevo corte de pelo de la cuñada del Príncipe.
Para los 53 medios informativos (entre webs, revistas, productoras y cadenas de televisión), que se alimentan, en algunos casos exclusivamente y en otros esporádicamente, de las miserias humanas de lo que ellos vienen a llamar “personas públicas”, no cabe duda alguna sobre la importancia informativa. Y resulta ciertamente lícito cuando acuerdan, con aquellos que lo desean, entrar en la rueda económica de vender los derechos de su imagen. Pero lo que no entra dentro de su gestión es aceptar la negativa a jugar con sus mismas reglas. De hecho, ninguno de los medios de comunicación “serios” que han sido demandados ha aprovechado esta oportunidad para analizar la dudosa labor informativa de algunos de sus programas. Sorprende, sobretodo, que Televisión Española haya explicado la noticia sin entonar tan siquiera un ligero mea culpa.
También ha hecho aparición en escena una curiosa (por no utilizar otro adjetivo) asociación llamada “Nos gusta la prensa rosa” que estuvo presente el mismo día en el que la señora Ortiz y su marido se presentaban en el juzgado. Sus miembros estaban allí para defender a aquellos medios de comunicación que les proporcionan la comidilla diaria con la que sentirse “informados”, y acusaron duramente la acción de la señora Ortiz equiparándola a la censura franquista. El hecho de que una emisora como la cadena SER reproduzca y dé valor a las declaraciones del portavoz de esta asociación, y no analice la manera en la que se están vulnerando los derechos, no sólo de la señora Ortiz sino de cualquier persona calificada como ‘persona pública’, obliga a dudar de la rigurosidad informativa hasta de los medios más prestigiosos.
Por lo tanto, y llegados a este punto, uno de los problemas más importantes sobre este tema es definir lo que significa ‘estar informado’, ya que definitivamente no se puede establecer una misma categoría que englobe la trascendencia de las palabras de un jefe del Estado y la dudosa relevancia del nuevo corte de pelo de la cuñada del Príncipe.
