Desde 2009, las BVODH llevan a cabo una labor de documentación y denuncia de identificaciones por perfil racial llevadas a cabo por la Policía en Madrid
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no ven con buenos ojos que un grupo de vecinos observen, documenten y, posteriormente, denuncien la labor de identificación por perfil racial que realizan de forma sistemática en diversos puntos de Madrid. Es por eso que diversos miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (@BrigadasDDHH) han sido denunciados por la Administración al realizar esta labor de vigilancia. Y esto, en palabras de una de ellos, «está violando nuestro derecho a la información, a la libre expresión y a la asociación».
Ante esta situación, el colectivo de vecinos decidió interponer una demanda contra la Delegación del Gobierno de Madrid en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo el pasado viernes 14 de septiembre. Con este paso, aparte de «denunciar que se nos está criminalizando», como explicaron en la rueda de prensa, las BVODH esperan también que se siga visibilizando la vulneración de derechos de colectivos inmigrantes por parte de la Policía, y que ellos llevan denunciando desde 2009.
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17.9.12
2.9.11
Agresión a una periodista
[Artículo publicado originalmente en el Periódico Diagonal]
Patricia Horrillo es periodista. Ha trabajado para Público y El País en Barcelona y, actualmente, colabora con el medio digital Zona Retiro en Madrid. La noche del 17 de agosto, tras cubrir la manifestación laica fue detenida ilegalmente por un agente que la insultó y amenazó si no le mostraba su DNI. La reportera, que grabó con su teléfono un vídeo de la situación, ha presentado una denuncia a la que se han sumado las de otros dos periodistas que fueron agredidos por el mismo policía.
Patricia Horrillo. Pasadas las diez, me acerco hasta la confluencia de la calle del Correo con Sol y me quedo pegada a las vallas de protección policial grabando las cargas. Publico varios twitts y fotos.
No doy crédito a lo que está pasando y hago un vídeo de unos diez minutos intentando que no me tiemblen demasiado las manos. Veo a un equipo de Cuatro, un cámara y una chica alta y rubia, que intenta meterse en medio de los antidisturbios y cómo les sacan aludiendo a su seguridad. Me sorprende el sonido de botellas de cristal llenas estampándose contra el suelo bastante cerca de donde yo estoy. Cuento unos cinco botellazos.
Dos furgones avanzan y se colocan a pocos metros de donde me encuentro. La calle del Correo se ha quedado bastante vacía y una línea de antidisturbios impide entrar a Sol por ella. Sigo observando: llega el SAMUR y un hombre, al que le habían dado con las porras, le explica a un sanitario dónde le duele y pregunta qué clase de lesión le pueden haber producido. El paramédico le tranquiliza diciéndole que no hay rotura de fibras. Se alejan y me quedo sola en esa esquina entre los furgones y los antidisturbios.
Un policía blandiendo un palo
Veo a un agente sin casco y con un palo blanco bastante largo blandiéndolo a modo de espada. De repente, repara en mí y me pregunta qué hago ahí. “Soy periodista, estoy grabando y sacando fotos de lo que está pasando”. “No tienes permiso para grabar”. “¿Cómo que no? Estoy en la calle”. “¿Para qué medio?” “Soy periodista independiente. Colaboro con un diario local”. Niega con la cabeza mientras mira mi identificación, que llevo colgada del cuello y en la que están mis datos: nombre y apellido, DNI, foto y acreditación de freelance. Viendo su actitud desbloqueo el móvil y me pongo a grabar por lo que pueda pasar.
De repente, el policía me saca violentamente la identificación del cuello y, pese a que le pregunto repetidamente por lo que está haciendo, no me responde. Veo que apunta algo en una libreta y me fijo en que lleva la identificación aunque no alcanzo a ver los números. Me dice que le faltan datos: el nombre de mis padres y mi dirección. No me dice por qué necesita identificarme, sólo que saque mi DNI, gritándome.
Estalla cuando le pido que no me levante la voz “¡Que no te levante la voz! ¡Como te meta una hostia, vamos!”. No me creo lo que me está pasando y respondo con incredulidad “¿Qué me acaba de decir?”. Una sensación de irrealidad me inunda cuando el policía que me acababa de amenazar les dice a otros agentes que me pongan las esposas. Me agarran por ambos brazos y me arrastran al furgón. Agarro el móvil como si me fuera la vida en ello y,aunque lo intentan, no me lo consiguen quitar. Tengo miedo de que se den cuenta de que estoy grabando y consigo apagarlo. Cuando abren la puerta del furgón, veo a un chico boca abajo, sin camiseta y con las esposas puestas. Me empujan hacia dentro y me golpeo en las espinillas.
Entonces veo dentro a otro agente, vestido con una camiseta amarilla y con un pañuelo que le tapa la nariz y la boca. Mira hacia mí y comienza a gritar como un loco: “¡A ésa ponerle las esposas!”.
Tengo asumido que puedo acabar en comisaría pero mi miedo es que me dejen sin el móvil y que vean que he grabado todo eso.
Pienso que, si se dan cuenta, no sólo lo van a borrar, sino que me pueden hacer pagar el atrevimiento.
Grito como puedo “¡Saco el DNI! ¡Saco el DNI!” y consigo que me suelten los brazos. Aprovecho para sacar de su vista el móvil y me lo meto en mi riñonera a la vez que cojo mi monedero. Tengo muchos papeles y tardo unos momentos en encontrarlo. Según lo saco, el mismo agente que me había amenazado me lo arranca de los dedos. Se da la vuelta y se apoya contra el capó del otro furgón. Esos minutos los percibo como una eternidad.
Seguía sin entender qué estaba pasando y mi cabeza no consigue atar más cabos. El policía se da la vuelta y me encara: “¡Ahora vas a hacer exactamente lo que yo te diga! ¡Vas a coger esto (en alusión al DNI) y te vas a ir al final!”. “¿Al final de dónde?”. “¡De la calle!”. Me devuelve el carné y la identificación y yo me meto ambas cosas en la riñonera.
Empiezo a caminar sin sentir los pies. Otro antidisturbios me escolta fuera del cordón policial. Le miro, sin comprender, y le pregunto llorando: “¿Por qué estáis haciendo esto? ¡¿Por qué?!”. El agente me intenta calmar: “Tranquilícese, señorita, no pasa nada, váyase ahora”. Puede que me equivoque, pero en su mirada pude ver que tampoco él entendía qué estaba pasando.
Patricia Horrillo es periodista. Ha trabajado para Público y El País en Barcelona y, actualmente, colabora con el medio digital Zona Retiro en Madrid. La noche del 17 de agosto, tras cubrir la manifestación laica fue detenida ilegalmente por un agente que la insultó y amenazó si no le mostraba su DNI. La reportera, que grabó con su teléfono un vídeo de la situación, ha presentado una denuncia a la que se han sumado las de otros dos periodistas que fueron agredidos por el mismo policía.
Patricia Horrillo. Pasadas las diez, me acerco hasta la confluencia de la calle del Correo con Sol y me quedo pegada a las vallas de protección policial grabando las cargas. Publico varios twitts y fotos.
No doy crédito a lo que está pasando y hago un vídeo de unos diez minutos intentando que no me tiemblen demasiado las manos. Veo a un equipo de Cuatro, un cámara y una chica alta y rubia, que intenta meterse en medio de los antidisturbios y cómo les sacan aludiendo a su seguridad. Me sorprende el sonido de botellas de cristal llenas estampándose contra el suelo bastante cerca de donde yo estoy. Cuento unos cinco botellazos.
Dos furgones avanzan y se colocan a pocos metros de donde me encuentro. La calle del Correo se ha quedado bastante vacía y una línea de antidisturbios impide entrar a Sol por ella. Sigo observando: llega el SAMUR y un hombre, al que le habían dado con las porras, le explica a un sanitario dónde le duele y pregunta qué clase de lesión le pueden haber producido. El paramédico le tranquiliza diciéndole que no hay rotura de fibras. Se alejan y me quedo sola en esa esquina entre los furgones y los antidisturbios.
Un policía blandiendo un palo
Veo a un agente sin casco y con un palo blanco bastante largo blandiéndolo a modo de espada. De repente, repara en mí y me pregunta qué hago ahí. “Soy periodista, estoy grabando y sacando fotos de lo que está pasando”. “No tienes permiso para grabar”. “¿Cómo que no? Estoy en la calle”. “¿Para qué medio?” “Soy periodista independiente. Colaboro con un diario local”. Niega con la cabeza mientras mira mi identificación, que llevo colgada del cuello y en la que están mis datos: nombre y apellido, DNI, foto y acreditación de freelance. Viendo su actitud desbloqueo el móvil y me pongo a grabar por lo que pueda pasar.
Estalla cuando le pido
que no me levante la
voz: “¡Que no te levante
la voz! ¡Como te meta
una hostia, vamos!”
De repente, el policía me saca violentamente la identificación del cuello y, pese a que le pregunto repetidamente por lo que está haciendo, no me responde. Veo que apunta algo en una libreta y me fijo en que lleva la identificación aunque no alcanzo a ver los números. Me dice que le faltan datos: el nombre de mis padres y mi dirección. No me dice por qué necesita identificarme, sólo que saque mi DNI, gritándome.
Estalla cuando le pido que no me levante la voz “¡Que no te levante la voz! ¡Como te meta una hostia, vamos!”. No me creo lo que me está pasando y respondo con incredulidad “¿Qué me acaba de decir?”. Una sensación de irrealidad me inunda cuando el policía que me acababa de amenazar les dice a otros agentes que me pongan las esposas. Me agarran por ambos brazos y me arrastran al furgón. Agarro el móvil como si me fuera la vida en ello y,aunque lo intentan, no me lo consiguen quitar. Tengo miedo de que se den cuenta de que estoy grabando y consigo apagarlo. Cuando abren la puerta del furgón, veo a un chico boca abajo, sin camiseta y con las esposas puestas. Me empujan hacia dentro y me golpeo en las espinillas.
Entonces veo dentro a otro agente, vestido con una camiseta amarilla y con un pañuelo que le tapa la nariz y la boca. Mira hacia mí y comienza a gritar como un loco: “¡A ésa ponerle las esposas!”.
Tengo asumido que puedo acabar en comisaría pero mi miedo es que me dejen sin el móvil y que vean que he grabado todo eso.
Pienso que, si se dan cuenta, no sólo lo van a borrar, sino que me pueden hacer pagar el atrevimiento.
Grito como puedo “¡Saco el DNI! ¡Saco el DNI!” y consigo que me suelten los brazos. Aprovecho para sacar de su vista el móvil y me lo meto en mi riñonera a la vez que cojo mi monedero. Tengo muchos papeles y tardo unos momentos en encontrarlo. Según lo saco, el mismo agente que me había amenazado me lo arranca de los dedos. Se da la vuelta y se apoya contra el capó del otro furgón. Esos minutos los percibo como una eternidad.
Seguía sin entender qué estaba pasando y mi cabeza no consigue atar más cabos. El policía se da la vuelta y me encara: “¡Ahora vas a hacer exactamente lo que yo te diga! ¡Vas a coger esto (en alusión al DNI) y te vas a ir al final!”. “¿Al final de dónde?”. “¡De la calle!”. Me devuelve el carné y la identificación y yo me meto ambas cosas en la riñonera.
Empiezo a caminar sin sentir los pies. Otro antidisturbios me escolta fuera del cordón policial. Le miro, sin comprender, y le pregunto llorando: “¿Por qué estáis haciendo esto? ¡¿Por qué?!”. El agente me intenta calmar: “Tranquilícese, señorita, no pasa nada, váyase ahora”. Puede que me equivoque, pero en su mirada pude ver que tampoco él entendía qué estaba pasando.
18.8.11
Por qué la manifestación laica terminó en revuelta policial
[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]
P.Horrillo.- La agrupación Europa Laica con el apoyo de un centenar de colectivos, entre los que se encuentran Redes Cristianas, convocó este miércoles una manifestación en contra de la inversión económica pública a las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) y la visita del Papa Benedicto XVI. Bajo el lema (de la manifestación y del manifiesto) “De mis impuestos, al Papa cero”, cerca de 10.000 personas se manifestaron por un recorrido que no estuvo exento de confrontaciones con participantes de las jornadas católicas y que increpaban a los manifestantes cuya presencia en el centro de la ciudad estaba legitimada por la Delegación del Gobierno.
Una hora antes de la establecida para iniciar el recorrido (19:30 horas), la Plaza de Tirso de Molina era ya un hervidero de gente. Carteles con consignas relativas al laicismo y a la separación real del Estado y la Iglesia (en un país declarado aconfesional) eran levantados por manifestantes cuya media de edad era muy superior a la de otras concentraciones de los pasados meses convocadas por el movimiento 15M. Un elemento llamativo fue un enorme cartel colocado en una gran estructura móvil por el actor italiano Leo Bassi que parecía sacado de un combate de boxeo. Bajo el título “Choque de titanes”, Bassi proponía un enfrentamiento entre el escritor alemán Stéphane Hessel, autor del texto ¡Indignaos!, y al actual Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger.
Tanta gente en Tirso de Molina dificultaba saber cuándo había salido la marcha ya que continuaban llegando manifestantes desde las calles aledañas y nadie parecía moverse. Sin embargo, el recorrido se había iniciado a la hora prevista y cientos de personas se movían lentamente por la calle Doctor Cortezo en dirección a la Puerta del Sol, ocupando ya también la plaza de Jacinto Benavente.
La llegada a Sol por Carretas fue tranquila, y los manifestantes iban caminando en actitud festiva. Sin embargo, y pese a que la Delegación del Gobierno conocía el trazado de la manifestación y había sido aprobado, el centro de la capital madrileña no había sido convenientemente preparado por la Policía para facilitar el paso de los manifestantes. Muchos participantes de las JMJ se concentraron delante de la gente que venía de Tirso de Molina y empezaron a increparles montando una “contramanifestación” que generó momentos de gran tensión.
La Policía creó un cordón que separaba ambas concentraciones aunque esto no impidió que de ambos grupos se profirieran toda clase de gritos, consignas e insultos. Ante las proclamas a “Benedetto” los manifestantes laicos respondían con “¡Pederasta!” o “¡Vuestro Papa es un nazi!”. La intervención de los agentes no impidió que el ambiente se caldeara y, al no tomar una rápida medida de limitación de acceso a Sol a aquellos que no pertenecían a la manifestación prevista, lo festivo se tradujo en crispación. Cuando, por fin, la Policía abrió una vía de salida para que la manifestación pudiera continuar su recorrido, la indiganción de los manifestantes se palpaba en el ambiente: el sentimiento era que, aún siendo una movilización prevista y legal, había sido boicoteada, por lo que gritaban “¡Esa manifestación es ilegal!” a los frentes de peregrinos que con sus camisetas amarillas abucheaban a los de la protesta.
Pese a que la marcha debía terminar nuevamente en Tirso de Molina, mucha gente decidió quedarse en la Puerta del Sol y seguir manifestándose en la emblemática plaza contra “los favoritismos que los miles de pregrinos han recibido por parte del Estado español”: según los convocantes, la reducción de un 80% en los abonos de transporte, descuentos en comidas, escuelas y polideportivos cedidos gratuitamente para su descanso, etc. Pese a los gritos de “¡Esta no es vuestra plaza!”, “¡A rezar a vuestras iglesias!” o “¡Esa mochila, la he pagado yo!” de algunos exaltados, la mayoría de los manifestantes estaba sentada pacíficamente en el suelo.
Viendo esa situación, nadie podía imaginar que decenas de efectivos de antidisturbios estaban cortando las calles de acceso a Sol y preparándose para cargar contra la gente pacífica y desarmada. Desde la calle Mayor, decenas de manifestantes empezaron a correr en todas direcciones cuando la Policía empezó a cargar contra ellos. Pero, los que se dirigían hacia el centro de Sol se encontraban con que no había salida: todo estaba rodeado de antidisturbios y furgones y las cargas fueron indiscriminadas.
NOTA: retenida por la Policía
Antes de poder terminar de desarrollar la labor periodística que estaba llevando a cabo, la redactora que firma esta pieza fue retenida por la Policía que, por ser independiente y colaborar con un medio digital que el agente no conocía, consideró su labor ilegítima. Este funcionario le quitó del cuello la identificación que ella lleva (en la que pone su nombre y su DNI con una foto) y empezó a apuntar sus datos. Pese a que la periodista le preguntó en varias ocasiones la razón por la que estaba apuntando sus datos, el agente se negó a contestar, y cuando le pidió el DNI aludiendo que le faltaban datos y ella le preguntó el motivo y le pidió que no le levantara la voz, la respuesta del agente, que la agarró fuertemente del brazo fue “¡¿Que no te levante la voz?! ¡Como te meta una hostia, verás! ¡Saca el DNI ya!”. En ese momento, la redactora fue arrastrada por dos agentes hacia un furgón policial para detenerla; al abrir la puerta del furgón, un agente de paisano y con la cara tapada por un pañuelo empezó a gritar a sus compañeros “¡Ponerle las esposas a esa de una vez!”. Sólo al sacar el DNI (arrancado de sus manos por el agente) los demás antidisturbios pararon de zarandearla.
Una hora antes de la establecida para iniciar el recorrido (19:30 horas), la Plaza de Tirso de Molina era ya un hervidero de gente. Carteles con consignas relativas al laicismo y a la separación real del Estado y la Iglesia (en un país declarado aconfesional) eran levantados por manifestantes cuya media de edad era muy superior a la de otras concentraciones de los pasados meses convocadas por el movimiento 15M. Un elemento llamativo fue un enorme cartel colocado en una gran estructura móvil por el actor italiano Leo Bassi que parecía sacado de un combate de boxeo. Bajo el título “Choque de titanes”, Bassi proponía un enfrentamiento entre el escritor alemán Stéphane Hessel, autor del texto ¡Indignaos!, y al actual Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger.
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| Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
Tanta gente en Tirso de Molina dificultaba saber cuándo había salido la marcha ya que continuaban llegando manifestantes desde las calles aledañas y nadie parecía moverse. Sin embargo, el recorrido se había iniciado a la hora prevista y cientos de personas se movían lentamente por la calle Doctor Cortezo en dirección a la Puerta del Sol, ocupando ya también la plaza de Jacinto Benavente.
La llegada a Sol por Carretas fue tranquila, y los manifestantes iban caminando en actitud festiva. Sin embargo, y pese a que la Delegación del Gobierno conocía el trazado de la manifestación y había sido aprobado, el centro de la capital madrileña no había sido convenientemente preparado por la Policía para facilitar el paso de los manifestantes. Muchos participantes de las JMJ se concentraron delante de la gente que venía de Tirso de Molina y empezaron a increparles montando una “contramanifestación” que generó momentos de gran tensión.
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| Puerta del Sol. Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
La Policía creó un cordón que separaba ambas concentraciones aunque esto no impidió que de ambos grupos se profirieran toda clase de gritos, consignas e insultos. Ante las proclamas a “Benedetto” los manifestantes laicos respondían con “¡Pederasta!” o “¡Vuestro Papa es un nazi!”. La intervención de los agentes no impidió que el ambiente se caldeara y, al no tomar una rápida medida de limitación de acceso a Sol a aquellos que no pertenecían a la manifestación prevista, lo festivo se tradujo en crispación. Cuando, por fin, la Policía abrió una vía de salida para que la manifestación pudiera continuar su recorrido, la indiganción de los manifestantes se palpaba en el ambiente: el sentimiento era que, aún siendo una movilización prevista y legal, había sido boicoteada, por lo que gritaban “¡Esa manifestación es ilegal!” a los frentes de peregrinos que con sus camisetas amarillas abucheaban a los de la protesta.
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| Puerta del Sol. Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
Pese a que la marcha debía terminar nuevamente en Tirso de Molina, mucha gente decidió quedarse en la Puerta del Sol y seguir manifestándose en la emblemática plaza contra “los favoritismos que los miles de pregrinos han recibido por parte del Estado español”: según los convocantes, la reducción de un 80% en los abonos de transporte, descuentos en comidas, escuelas y polideportivos cedidos gratuitamente para su descanso, etc. Pese a los gritos de “¡Esta no es vuestra plaza!”, “¡A rezar a vuestras iglesias!” o “¡Esa mochila, la he pagado yo!” de algunos exaltados, la mayoría de los manifestantes estaba sentada pacíficamente en el suelo.
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| Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
Viendo esa situación, nadie podía imaginar que decenas de efectivos de antidisturbios estaban cortando las calles de acceso a Sol y preparándose para cargar contra la gente pacífica y desarmada. Desde la calle Mayor, decenas de manifestantes empezaron a correr en todas direcciones cuando la Policía empezó a cargar contra ellos. Pero, los que se dirigían hacia el centro de Sol se encontraban con que no había salida: todo estaba rodeado de antidisturbios y furgones y las cargas fueron indiscriminadas.
NOTA: retenida por la Policía
Antes de poder terminar de desarrollar la labor periodística que estaba llevando a cabo, la redactora que firma esta pieza fue retenida por la Policía que, por ser independiente y colaborar con un medio digital que el agente no conocía, consideró su labor ilegítima. Este funcionario le quitó del cuello la identificación que ella lleva (en la que pone su nombre y su DNI con una foto) y empezó a apuntar sus datos. Pese a que la periodista le preguntó en varias ocasiones la razón por la que estaba apuntando sus datos, el agente se negó a contestar, y cuando le pidió el DNI aludiendo que le faltaban datos y ella le preguntó el motivo y le pidió que no le levantara la voz, la respuesta del agente, que la agarró fuertemente del brazo fue “¡¿Que no te levante la voz?! ¡Como te meta una hostia, verás! ¡Saca el DNI ya!”. En ese momento, la redactora fue arrastrada por dos agentes hacia un furgón policial para detenerla; al abrir la puerta del furgón, un agente de paisano y con la cara tapada por un pañuelo empezó a gritar a sus compañeros “¡Ponerle las esposas a esa de una vez!”. Sólo al sacar el DNI (arrancado de sus manos por el agente) los demás antidisturbios pararon de zarandearla.
27.7.11
La Policía lleva a cabo “controles de identidad racistas” en Madrid
[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]
P.Horrillo.- Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) han presentado el primer informe sobre los “Controles de identidad racistas en Madrid”. Los miembros de esta agrupación, ciudadanos apoyados por diversos colectivos y asociaciones de barrio, han llevado a cabo un registro desde diciembre de 2009 hasta mayo de este año sobre acciones policiales que definen como “ilegales e inconstitucionales”. La principal conclusión que se extrae del informe es la existencia de dichos controles pese a la negación constante por parte del Gobierno, como ya ocurrió en febrero de este año cuando el ahora ex-ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que “no hay redadas en nuestro país, no existen”.
En este año y medio de actividad, los miembros de las BVODH han podido constatar que en más de un 40% de sus salidas han encontrado dispositivos selectivos de control de identidad. Además, explican que la identificación se efectúa siguiendo criterios de aspecto (por cómo van vestidos) y fenotípicos (por sus rasgos físicos) por lo que “se atenta contra el principio de igualdad”. También advierten de que los controles se realizan en zonas de la ciudad muy transitadas, tales como estaciones de medios de transporte “convirtiendo el espacio público en un lugar sujeto al control policial”.
Estas acciones, llevadas a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía siguiendo las órdenes del Ministerio del Interior, “constituyen un hostigamiento contínuo que conlleva la interiorización del miedo a la hora de realizar actividades cotidianas que se convierten en actividades de riesgo”. En términos legales, las personas que carecen de un permiso de residencia en vigor están en situación irregular, hecho que constituye una falta administrativa y no un delito penal. Pese a esta legislación, las BVODH denuncian cómo la identificación de personas conlleva unas consecuencias muy negativas tanto en el terreno individual como en la percepción social de estas personas.
Aunque las salidas de las BVODH no suponen un muestreo estadístico representativo en la ciudad (por falta de recursos técnicos y humanos), su denuncia se apoya también en datos oficiales. En febrero de 2010, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) puso en conocimiento público la cifra de 445.000 personas identificadas durante 2009, lo que pone de relevancia la elevada presencia de controles policiales en la ciudad.
Ya en junio, las BVODH denunciaron públicamente que la Policía había interpuesto denuncias contra varios miembros de las brigadas que se enfrentaban a sanciones económicas por valor de 3.700€. Pese a los argumentos esgrimidos por los agentes, las BVODH se ven legitimadas para continuar recogiendo datos de estas redadas ya que consideran que su labor es necesaria.
En este año y medio de actividad, los miembros de las BVODH han podido constatar que en más de un 40% de sus salidas han encontrado dispositivos selectivos de control de identidad. Además, explican que la identificación se efectúa siguiendo criterios de aspecto (por cómo van vestidos) y fenotípicos (por sus rasgos físicos) por lo que “se atenta contra el principio de igualdad”. También advierten de que los controles se realizan en zonas de la ciudad muy transitadas, tales como estaciones de medios de transporte “convirtiendo el espacio público en un lugar sujeto al control policial”.
Estas acciones, llevadas a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía siguiendo las órdenes del Ministerio del Interior, “constituyen un hostigamiento contínuo que conlleva la interiorización del miedo a la hora de realizar actividades cotidianas que se convierten en actividades de riesgo”. En términos legales, las personas que carecen de un permiso de residencia en vigor están en situación irregular, hecho que constituye una falta administrativa y no un delito penal. Pese a esta legislación, las BVODH denuncian cómo la identificación de personas conlleva unas consecuencias muy negativas tanto en el terreno individual como en la percepción social de estas personas.
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| Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
Aunque las salidas de las BVODH no suponen un muestreo estadístico representativo en la ciudad (por falta de recursos técnicos y humanos), su denuncia se apoya también en datos oficiales. En febrero de 2010, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) puso en conocimiento público la cifra de 445.000 personas identificadas durante 2009, lo que pone de relevancia la elevada presencia de controles policiales en la ciudad.
Ya en junio, las BVODH denunciaron públicamente que la Policía había interpuesto denuncias contra varios miembros de las brigadas que se enfrentaban a sanciones económicas por valor de 3.700€. Pese a los argumentos esgrimidos por los agentes, las BVODH se ven legitimadas para continuar recogiendo datos de estas redadas ya que consideran que su labor es necesaria.
22.7.11
La Policía impide por primera vez parar un desahucio en Madrid
[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]
P.Horrillo.- Pese al madrugón de varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, el pasado miércoles no se pudo impedir el desahucio de María José C.M., vecina del distrito de Ciudad Lineal. Era el segundo intento del colectivo por evitar que esta mujer y sus dos hijos (uno con una minusvalía del 77% y la otra en el paro) se quedaran en la calle. Pero la policía apareció en gran número a las 7:30 horas de la mañana y sacó a rastras a los 15 ciudadanos que estaban sentados y agarrados unos a otros delante de la puerta de María José para cortar el paso a la secretaria judicial y evitar (como hicieron días atrás) el desahucio.
Llegaron unos 50 antidisturbios en 15 furgones blindados de la Policía Nacional y crearon un perímetro para impedir que nadie se acercara al domicilio de María José. Este cerco de seguridad cortó todas las calles adyacentes a Virgen del Lluc y, ni siquiera los periodistas acreditados, pudieron acceder a las inmediaciones del número 140 para filmar lo que estaba pasando. Convocados por las redes sociales y con un megáfono por las calles del barrio, fueron acudiendo grupos de personas para apoyar a esta madrileña de 53 años y en el paro a la que, finalmente, han desahuciado. La Caja del Mediterraneo (CAM) es ahora la propietaria del inmueble.
La abrumadora presencia policial no impidió que unos 300 manifestantes, repartidos en los diferentes puntos donde los antidisturbios impedían el paso, alzaran sus voces para que su vecina se sintiera acompañada. De hecho, una vez en la calle, María José se acercó a uno de los grupos y agradeció su apoyo gritando “Me voy con la cabeza muy alta porque no soy morosa, soy pobre”.
Búsqueda de ayuda
Viendo la situación de desamparo en la que se quedaba esta familia, algunos portavoces de la PAH propusieron una marcha hasta la Junta de Distrito de Ciudad Lineal para reclamar una vivienda para María José y sus hijos. En el trayecto, que tuvo una primera parada en la sucursal de la entidad financiera que se ha quedado con el piso, se fue sumando gente a la protesta y unas 400 personas se concentraron delante de la Junta. Sin embargo, la plaza estaba tomada por efectivos de la policía y no se permitía el acceso al edificio municipal.
Se intentó acceder a las instalaciones de forma pacífica para, individualmente, rellenar una instancia general en la que se ponía en conocimiento de la administración la intolerable situación de estas personas y la necesidad de facilitarles algún lugar para vivir. Y, pese al derecho evidente que tienen todos los ciudadanos de entrar a un edificio público, la policía impidió el paso y se vivieron momentos de tensión. Para evidenciar el desconento de esta injusticia, algunas personas decidieron cortar momentáneamente la calle García Noblejas y así ejercer presión sobre los funcionarios.
Su acción surtió efecto y se consiguieron sacar a la plaza unas 200 hojas para que, aquellos que quisieran, presentaran esa reclamación en un intento más por paliar la difícil situación de esta familia. De momento, María José y sus hijos han pasado la noche en el almacén que una vecina que se lo ha dejado hasta que encuentren un lugar en condiciones. Su limitación no está solamente en disponer de 688 euros mensuales (suma de las ayudas del Estado por la invalidez de su hijo y por la Ley de Dependencia) para mantenerse los tres, sino en la deuda de 200.000 euros contraída con la CAM y que no está dispuesta a negociar.
Encontronazos con la Policía
En el ejercicio de su trabajo, la periodista que firma esta pieza fue amenazada con ser detenida por la policía en dos ocasiones. La primera [ver el vídeo] porque, al crear un cerco policial en la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, los agentes (sin identificación) quisieron que se moviera a otra parte de la plaza, como si su presencia presentara alguna clase de amenaza. La segunda porque, según otro de los policías, la periodista había realizado fotografías de primer plano de los agentes (cosa que era mentira) y le exigió que le mostrara las fotos y los vídeos para comprobarlo. Una vez convencido, el policía lanzó una advertencia a los periodistas que estaban alrededor: “Al que haga fotos de cerca de mis agentes, le confisco la cámara”.
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| Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
Llegaron unos 50 antidisturbios en 15 furgones blindados de la Policía Nacional y crearon un perímetro para impedir que nadie se acercara al domicilio de María José. Este cerco de seguridad cortó todas las calles adyacentes a Virgen del Lluc y, ni siquiera los periodistas acreditados, pudieron acceder a las inmediaciones del número 140 para filmar lo que estaba pasando. Convocados por las redes sociales y con un megáfono por las calles del barrio, fueron acudiendo grupos de personas para apoyar a esta madrileña de 53 años y en el paro a la que, finalmente, han desahuciado. La Caja del Mediterraneo (CAM) es ahora la propietaria del inmueble.
La abrumadora presencia policial no impidió que unos 300 manifestantes, repartidos en los diferentes puntos donde los antidisturbios impedían el paso, alzaran sus voces para que su vecina se sintiera acompañada. De hecho, una vez en la calle, María José se acercó a uno de los grupos y agradeció su apoyo gritando “Me voy con la cabeza muy alta porque no soy morosa, soy pobre”.
Búsqueda de ayuda
Viendo la situación de desamparo en la que se quedaba esta familia, algunos portavoces de la PAH propusieron una marcha hasta la Junta de Distrito de Ciudad Lineal para reclamar una vivienda para María José y sus hijos. En el trayecto, que tuvo una primera parada en la sucursal de la entidad financiera que se ha quedado con el piso, se fue sumando gente a la protesta y unas 400 personas se concentraron delante de la Junta. Sin embargo, la plaza estaba tomada por efectivos de la policía y no se permitía el acceso al edificio municipal.
Se intentó acceder a las instalaciones de forma pacífica para, individualmente, rellenar una instancia general en la que se ponía en conocimiento de la administración la intolerable situación de estas personas y la necesidad de facilitarles algún lugar para vivir. Y, pese al derecho evidente que tienen todos los ciudadanos de entrar a un edificio público, la policía impidió el paso y se vivieron momentos de tensión. Para evidenciar el desconento de esta injusticia, algunas personas decidieron cortar momentáneamente la calle García Noblejas y así ejercer presión sobre los funcionarios.
Su acción surtió efecto y se consiguieron sacar a la plaza unas 200 hojas para que, aquellos que quisieran, presentaran esa reclamación en un intento más por paliar la difícil situación de esta familia. De momento, María José y sus hijos han pasado la noche en el almacén que una vecina que se lo ha dejado hasta que encuentren un lugar en condiciones. Su limitación no está solamente en disponer de 688 euros mensuales (suma de las ayudas del Estado por la invalidez de su hijo y por la Ley de Dependencia) para mantenerse los tres, sino en la deuda de 200.000 euros contraída con la CAM y que no está dispuesta a negociar.
Encontronazos con la Policía
En el ejercicio de su trabajo, la periodista que firma esta pieza fue amenazada con ser detenida por la policía en dos ocasiones. La primera [ver el vídeo] porque, al crear un cerco policial en la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, los agentes (sin identificación) quisieron que se moviera a otra parte de la plaza, como si su presencia presentara alguna clase de amenaza. La segunda porque, según otro de los policías, la periodista había realizado fotografías de primer plano de los agentes (cosa que era mentira) y le exigió que le mostrara las fotos y los vídeos para comprobarlo. Una vez convencido, el policía lanzó una advertencia a los periodistas que estaban alrededor: “Al que haga fotos de cerca de mis agentes, le confisco la cámara”.
20.7.11
Cortan toda una calle para impedir una protesta anti desahucio
[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]
P.Horrillo.- Eran las 11 de la mañana. Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, miembros de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y algunos ciudadanos, acompañaron el martes a Roberto y Ester (nombres ficticios) a una sucursal de la entidad bancaria de la Kutxa situada en la calle Caballero de Gracia número 28 (cerca de Metro Sevilla). El objetivo: hacer entrega a la directora de la sucursal de las llaves del domicilio del que han sido desahuciados y de un documento para poder negociar con el banco la dación en pago de su casa [documento modelo].
Sin embargo, la Caja de Ahorros y Pensiones de Guipuzkoa y San Sebastián no hizo gala de su eslógan “Parte de ti” ante dos de sus clientes: una pareja a la que cuatro agentes de la Policía Nacional impidió la entrada a la sucursal bancaria por su puerta principal. Al conocer el llamamiento que la PAH había hecho a través de las redes sociales para acompañar a esta pareja, la Kutxa decidió evitar a toda costa que los afectados entraran en su sucursal. Pese a que la acción era claramente pacífica, hasta siete efectivos de la Policía Nacional se encontraban en la zona para interceptar cualquier acercamiento a la oficina. También, un furgón aparcado justo delante de la sucursal advertía de que no eran bienvenidos. La justificación que los policías dieron fue que “la oficina estaba cerrada”.
Pese a esta inexplicable acción de los nacionales, gracias a la información de un vecino, la pareja consiguió acceder al interior del local por una entrada lateral que no estaba custodiada. Una vez dentro, sólo Roberto pudo hablar personalmente con la directora de la sucursal que se negó a recibir el documento de negociación de la dación en pago y que, ante la entrega voluntaria de las llaves del domicilio de Roberto y Ester, no quiso firmar ningún justificante (por lo que la pareja decidió no dejarlas).
Las personas detrás del desahucio
Roberto y Ester tienen dos hijas y han tenido que buscar un piso en alquiler para no quedarse en la calle, ya que hoy, 20 de julio, es el día en el que se hace efectiva la orden de desahucio por impago de la deuda hipotecaria. El problema es que, aun quedándose sin su casa y teniendo que pagar el alquiler de otro lugar para vivir, siguen teniendo una deuda con el banco que no pueden asumir. Esta situación no podían imaginarla ninguno de los dos afectados cuando, en 2006, firmaron con la entidad bancaria un préstamo hipotecario por valor de 184.000€ para la compra de una vivienda en Valdemoro tasada en 230.000€ y para la que habían dado una entrada de 45.000€.
Durante tres años, los afectados hicieron frente a las letras de la hipoteca hasta que, en 2009, Roberto se quedó en el paro. Siendo el miembro de la familia que aportaba la única entrada de dinero, tuvo que decidir entre “pagar unas mensualidades inasumibles o mantener a la familia”. Cuando la pareja se dio cuenta de que no podían hacerse cargo de la deuda que tenían contraída con el banco en las condiciones en las que habían firmado la hipoteca en 2006, solicitaron a la Kutxa “un nuevo plan de pagos e incluso la dación en pago”, explicó Roberto. Pero el banco no atendió a sus peticiones e interpuso el procedimiento de ejecución hipotecaria “adjudicándose la vivienda familiar por el 50% de valor de tasación”, es decir, por 115.000€.
El futuro de la ILP sobre dación en pago
El caso de Roberto y Ester ocurrió en el mismo día en el que la Mesa del Congreso debía dictaminar si aceptaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH sobre la dación en pago, y que abriría un período de recogida de firmas antes de su tramitación parlamentaria. Sin embargo, este tema no apareció entre los tratados en la jornada de ayer y tampoco se sabe cuándo se debatirá sobre el mismo.
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| Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
Sin embargo, la Caja de Ahorros y Pensiones de Guipuzkoa y San Sebastián no hizo gala de su eslógan “Parte de ti” ante dos de sus clientes: una pareja a la que cuatro agentes de la Policía Nacional impidió la entrada a la sucursal bancaria por su puerta principal. Al conocer el llamamiento que la PAH había hecho a través de las redes sociales para acompañar a esta pareja, la Kutxa decidió evitar a toda costa que los afectados entraran en su sucursal. Pese a que la acción era claramente pacífica, hasta siete efectivos de la Policía Nacional se encontraban en la zona para interceptar cualquier acercamiento a la oficina. También, un furgón aparcado justo delante de la sucursal advertía de que no eran bienvenidos. La justificación que los policías dieron fue que “la oficina estaba cerrada”.
Pese a esta inexplicable acción de los nacionales, gracias a la información de un vecino, la pareja consiguió acceder al interior del local por una entrada lateral que no estaba custodiada. Una vez dentro, sólo Roberto pudo hablar personalmente con la directora de la sucursal que se negó a recibir el documento de negociación de la dación en pago y que, ante la entrega voluntaria de las llaves del domicilio de Roberto y Ester, no quiso firmar ningún justificante (por lo que la pareja decidió no dejarlas).
Las personas detrás del desahucio
Roberto y Ester tienen dos hijas y han tenido que buscar un piso en alquiler para no quedarse en la calle, ya que hoy, 20 de julio, es el día en el que se hace efectiva la orden de desahucio por impago de la deuda hipotecaria. El problema es que, aun quedándose sin su casa y teniendo que pagar el alquiler de otro lugar para vivir, siguen teniendo una deuda con el banco que no pueden asumir. Esta situación no podían imaginarla ninguno de los dos afectados cuando, en 2006, firmaron con la entidad bancaria un préstamo hipotecario por valor de 184.000€ para la compra de una vivienda en Valdemoro tasada en 230.000€ y para la que habían dado una entrada de 45.000€.
Durante tres años, los afectados hicieron frente a las letras de la hipoteca hasta que, en 2009, Roberto se quedó en el paro. Siendo el miembro de la familia que aportaba la única entrada de dinero, tuvo que decidir entre “pagar unas mensualidades inasumibles o mantener a la familia”. Cuando la pareja se dio cuenta de que no podían hacerse cargo de la deuda que tenían contraída con el banco en las condiciones en las que habían firmado la hipoteca en 2006, solicitaron a la Kutxa “un nuevo plan de pagos e incluso la dación en pago”, explicó Roberto. Pero el banco no atendió a sus peticiones e interpuso el procedimiento de ejecución hipotecaria “adjudicándose la vivienda familiar por el 50% de valor de tasación”, es decir, por 115.000€.
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| Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
El futuro de la ILP sobre dación en pago
El caso de Roberto y Ester ocurrió en el mismo día en el que la Mesa del Congreso debía dictaminar si aceptaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH sobre la dación en pago, y que abriría un período de recogida de firmas antes de su tramitación parlamentaria. Sin embargo, este tema no apareció entre los tratados en la jornada de ayer y tampoco se sabe cuándo se debatirá sobre el mismo.
12.6.11
Gallardón suma nuevos ‘indignados’ tras su actuación este sábado
[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]
P.Horrillo.- “¿A dónde va?”. Con esta pregunta, los policías municipales que flanqueaban este sábado la entrada de la Calle Mayor (por el lado de la Calle Sacramento) paraban a todo aquel que intentaba atravesar el cerco policial que se había establecido desde primera hora de la mañana. El motivo era el acto de investidura de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde de Madrid y que iba a celebrarse en la Casa de Cisneros de la Plaza de la Villa. Entre sorprendida y contrariada, una mujer contestó: “Tengo que llegar a la tienda en la que trabajo.” Pero la respuesta no parecía suficiente para el agente: “¿Usted trabaja aquí?” La mujer no daba crédito al interrogatorio: “Sí, y llego tarde.” Y, aunque ya estaba pasando, el policía añadió: “Tendrá que decirme dónde y que yo la vea.” A otras personas las han escoltado policías hasta el establecimiento, y el mismo procedimiento se ha llevado a cabo con los vecinos que intentaban acceder a sus viviendas.
El dispositivo tenía un único objetivo: evitar a toda costa el acceso de los viandantes a los lugares cercanos de la Plaza de la Villa. Sin embargo, pese a que cuando se celebran este tipo de actos, se corta el tráfico en toda la calle, lo de la restricción a los peatones es una novedad de este año. Aprovechando otra sesión extraordinaria el pasado 9 de mayo, los Bomberos de la Comunidad de Madrid se presentaron en la Plaza de la Villa para protestar por los recortes y la precariedad que vienen sufriendo desde hace años. Al parecer, según explican algunos comerciantes de la zona, éste ha sido el verdadero motivo (y no la seguridad) para que en la celebración de los últimos actos se haya cerrado la Calle Mayor a cal y canto. “Gallardón no quiere que le afeen la celebración. El problema es que ni nos avisan, ni nos indemnizan por las pérdidas”, explicaba el dueño de uno de los bares de la zona, que no había servido ningún desayuno en toda la mañana y se lamentaba de los menús que tendría que tirar por no tener clientes. “Y, encima, nos ponen problemas para llegar a nuestro trabajo. A mí un policía me ha preguntado que por qué iba andando tan deprisa. ¿A ver si ahora no voy a poder andar como yo quiera?”, añadía una empleada del bar.
Todavía no eran las 10 de la mañana y ya había un puñado de ciudadanos “indignados” dentro del cerco policial que ni siquiera se consideraban parte de un movimiento. Y todo porque un acto institucional les había coartado sus derechos más básicos, como es el de circular libremente por la vía pública. La situación les ha indignado tanto que, a última hora de la mañana, ya estaban comentando la posibilidad de juntarse y redactar un escrito para reclamar alguna clase de indemnización, como han hecho los empresarios de la Puerta del Sol aludiendo pérdidas millonarias por la presencia de los acampados. “Si nos ponemos de acuerdo tendremos más fuerza para que nos oigan”, argumentó la dueña de otro local de artículos de regalo, que echaba el cierre sin haber hecho un solo euro de caja. Otros comerciantes decidieron cerrar directamente al ver que no podrían trabajar durante la mañana.
Las protestas tras las vallas
Mientras la situación dentro del cerco era de escaso movimiento, los accesos a la Calle Mayor iban llenándose de gente “armada” con cacerolas y sartenes, y todo tipo de pancartas de protesta en las que se podía leer “HAY-UNTAMIENTO” o “NO ES CRISIS, ES ESTAFA”. Las quejas escritas se apoyaban en consignas gritadas como “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Lo llaman democracia y no lo es” o “Que no nos representan”. Los ciudadanos que se fueron concentrando en estos espacios flanqueados por decenas de policías nacionales y agentes municipales consiguieron, pese a la lejanía, hacerse oír en el centro de la Plaza de la Villa.
Según se acercaba el final del acto de investidura, la vía de salida del parking del consistorio en la Calle Sacramento se encontraba ocupada por un centenar de “indignados” que permanecían sentados y con las manos en alto. En ese momento, se dio la orden de despejar la zona para dejar paso a los coches que querían salir. Los antidisturbios fueron arrastrando y apartando a muchos de los manifestantes y se produjeron momentos de mucha tensión debido a que la resistencia pacífica de los manifestantes dificultaba la acción policial. En términos estrictos no se puede hablar de “carga policial”, ya que no disolvieron la manifestación, aunque la actuación no estuvo exenta de grandes dosis de violencia lo que provocó que varios ciudadanos resultaran heridos. Además, igual que ha pasado en otras concentraciones durante los últimos días, había muchos policías que no llevaban el número de identificación que, por ley, están obligados a mostrar en todo momento. Este hecho, que podría ser constitutivo de delito, ha sido denunciado en un comunicado por el colectivo Democracia real YA.
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| Protestas en uno de los laterales de la calle Mayor. Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
El dispositivo tenía un único objetivo: evitar a toda costa el acceso de los viandantes a los lugares cercanos de la Plaza de la Villa. Sin embargo, pese a que cuando se celebran este tipo de actos, se corta el tráfico en toda la calle, lo de la restricción a los peatones es una novedad de este año. Aprovechando otra sesión extraordinaria el pasado 9 de mayo, los Bomberos de la Comunidad de Madrid se presentaron en la Plaza de la Villa para protestar por los recortes y la precariedad que vienen sufriendo desde hace años. Al parecer, según explican algunos comerciantes de la zona, éste ha sido el verdadero motivo (y no la seguridad) para que en la celebración de los últimos actos se haya cerrado la Calle Mayor a cal y canto. “Gallardón no quiere que le afeen la celebración. El problema es que ni nos avisan, ni nos indemnizan por las pérdidas”, explicaba el dueño de uno de los bares de la zona, que no había servido ningún desayuno en toda la mañana y se lamentaba de los menús que tendría que tirar por no tener clientes. “Y, encima, nos ponen problemas para llegar a nuestro trabajo. A mí un policía me ha preguntado que por qué iba andando tan deprisa. ¿A ver si ahora no voy a poder andar como yo quiera?”, añadía una empleada del bar.
Todavía no eran las 10 de la mañana y ya había un puñado de ciudadanos “indignados” dentro del cerco policial que ni siquiera se consideraban parte de un movimiento. Y todo porque un acto institucional les había coartado sus derechos más básicos, como es el de circular libremente por la vía pública. La situación les ha indignado tanto que, a última hora de la mañana, ya estaban comentando la posibilidad de juntarse y redactar un escrito para reclamar alguna clase de indemnización, como han hecho los empresarios de la Puerta del Sol aludiendo pérdidas millonarias por la presencia de los acampados. “Si nos ponemos de acuerdo tendremos más fuerza para que nos oigan”, argumentó la dueña de otro local de artículos de regalo, que echaba el cierre sin haber hecho un solo euro de caja. Otros comerciantes decidieron cerrar directamente al ver que no podrían trabajar durante la mañana.
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| Establecimientos cerrados en la calle Mayor. Foto: @patrihorrillo | CC BY/SA |
Las protestas tras las vallas
Mientras la situación dentro del cerco era de escaso movimiento, los accesos a la Calle Mayor iban llenándose de gente “armada” con cacerolas y sartenes, y todo tipo de pancartas de protesta en las que se podía leer “HAY-UNTAMIENTO” o “NO ES CRISIS, ES ESTAFA”. Las quejas escritas se apoyaban en consignas gritadas como “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Lo llaman democracia y no lo es” o “Que no nos representan”. Los ciudadanos que se fueron concentrando en estos espacios flanqueados por decenas de policías nacionales y agentes municipales consiguieron, pese a la lejanía, hacerse oír en el centro de la Plaza de la Villa.
Según se acercaba el final del acto de investidura, la vía de salida del parking del consistorio en la Calle Sacramento se encontraba ocupada por un centenar de “indignados” que permanecían sentados y con las manos en alto. En ese momento, se dio la orden de despejar la zona para dejar paso a los coches que querían salir. Los antidisturbios fueron arrastrando y apartando a muchos de los manifestantes y se produjeron momentos de mucha tensión debido a que la resistencia pacífica de los manifestantes dificultaba la acción policial. En términos estrictos no se puede hablar de “carga policial”, ya que no disolvieron la manifestación, aunque la actuación no estuvo exenta de grandes dosis de violencia lo que provocó que varios ciudadanos resultaran heridos. Además, igual que ha pasado en otras concentraciones durante los últimos días, había muchos policías que no llevaban el número de identificación que, por ley, están obligados a mostrar en todo momento. Este hecho, que podría ser constitutivo de delito, ha sido denunciado en un comunicado por el colectivo Democracia real YA.
2.6.11
Asociaciones vecinales denuncian multas por vigilar el trato policial
[Artículo publicado originalmente en ZonaRetiro.com]
P.Horrillo.- Las “Brigadas Vecinales de observación de derechos humanos”, apoyadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y otras 70 asociaciones y colectivos sociales, han denunciado hoy públicamente el acoso que están sufriendo por parte del Gobierno. Esta organización de vecinos realiza una labor de observación y documentación de las actuaciones policiales llevadas a cabo para identificar ciudadanos inmigrantes en situación irregular. José Luis de la Flor y Malena Becerra, dos de sus representantes, han explicado cómo la Policía ha interpuesto denuncias contra varios miembros de las brigadas, que ahora se enfrentan a sanciones económicas por valor de 3.700€.
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| Foto tomada en la FRAVM | @patrihorrillo | CC BY/SA |
La apertura de los últimos expedientes sancionadores se remite al pasado 10 de mayo, en la Plaza de Oporto, cuando “un grupo de policías vestidos de civil realizó más de 70 identificaciones de perfil racial en menos de 2 horas”, explica de la Flor. Esta vez (como en otras dos ocasiones anteriores, según han contado), los participantes de las brigadas fueron abordados por policías que “coaccionaron su labor de observación y documentación, cuando les exigieron la filiación, sin mediar criterio alguno, y argumentando que obedecían órdenes”, detalla de la Flor. La actuación policial se ampara en el artículo 23 h) de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que “constituye infracción grave: La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”. Sin embargo, los representantes de las brigadas niegan taxativamente este argumento y llaman la atención al hecho de que los boletines de denuncia entregados por la Policía estaban “redactados de antemano”.
Este movimiento civil surgió en diciembre de 2009, en Madrid, con el objetivo de poner freno a las redadas policiales que buscan la detección y detención de inmigrantes que estén en situación irregular, basándose en rasgos étnicos. La actuación de la Policía para llevar a cabo estas actuaciones se basa en el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que legitima a los agentes para solicitar la identificación de personas en la vía pública, en aras de la protección de la seguridad. La labor de las brigadas, que según han explicado desarrollan su actividad dentro del marco legal e identificados con chalecos reflectantes para ser fácilmente reconocidos, ha sido la de hacer visible una situación que tachan de ilegal. En palabras de Margarita Martínez, miembro de Inmigrapenal: “La ilegalidad de estas prácticas no sólo ha sido denunciada por asociaciones como las Brigadas, sino que el Sindicato Unificado de la Policía ha reconocido que algunas de esas prácticas podrían ser constitutivas de delito”.
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| Chalecos empleados por las Brigadas | @patrihorrillo | CC BY/SA |
Las Brigadas Vecinales también han anunciado que en el mes de julio sacarán un “Informe blanco” en el que aparecerán los datos recogidos durante este último año. En el informe se detallarán las experiencias documentadas de más de 250 controles policiales registrados por la plataforma ciudadana. Vecinos de Barcelona, Bilbao o Valencia han mostrado interés en la iniciativa de la agrupación madrileña, y les han solicitado ayuda para iniciar labores de observación y documentación de estas actuaciones policiales en sus ciudades.
31.7.08
Cárcel por agresión para tres mossos
[Artículo publicado originalmente en el diario Público]
PATRICIA HORRILLO - BARCELONA - 31/07/2008 21:49Los agentes, que no estaban de guardia, detuvieron y golpearon a un joven
José Antonio M. fue detenido ilegalmente en una discoteca de Barcelona y, una vez en las dependencias policiales de Les Corts, golpeado por los mismos Mossos d'Esquadra que le habían arrestado. Por todo ello, la Fiscalía pide tres años y medio de prisión y nueve de inhabilitación por el delito de detención ilegal para los tres agentes, y un año más de cárcel y tres de inhabilitación, para dos de ellos por otro delito de lesiones.
Los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2006, cuando tres agentes de la policía autonómica catalana que se encontraban fuera de servicio se vieron envueltos en una pelea con un amigo de José Antonio, en el interior de la sala Bikini de Barcelona. Cuando el joven, que luego fue detenido, intentó calmar los ánimos y apartarlos, uno de los agentes cayó al suelo, lo que produjo que la situación empeorase.
Los servicios de seguridad de la discoteca expulsaron a todos del local y, pese a haber llegado una patrulla de los Mossos, los tres agentes de paisano fueron los que detuvieron a José Antonio.
El joven fue trasladado a la comisaría de Les Corts, donde se prohibió la entrada a los amigos que querían acompañarle. Una vez allí, dos de los agentes llevaron a José Antonio al calabozo, donde le golpearon en la cara y en los costados durante unos 15 minutos.
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