7.9.08

Atasco lingüístico en Aragón

[Artículo publicado originalmente en el diario Público]
PATRICIA HORRILLO - BARCELONA - 07/09/2008 20:59

Los partidos conservadores (PAR y PP) intentan boicotear la oficialidad del aragonés y el catalán


Si a un habitante de Teruel se le pregunta qué modalidades lingüísticas se hablan en su comunidad autónoma, seguramente responderá que el castellano. Nada más alejado de la realidad. Aragón es una comunidad multilingüe tal y como en 1982 fue recogido en su Estatuto de Autonomía. Sin embargo, tuvieron que pasar 25 años hasta que, con la aprobación del actual Estatuto de 2007, se contemplara la creación de una legislación que regule y proteja el catalán, hablado en la Franja aragonesa, y el aragonés, que sobrevive en los valles pirenaicos.

Pero parece que esa ley no llega. Y, aunque se han presentado diversos borradores, ninguno de estos intentos ha prosperado pese a las reiteradas promesas electorales. Esta situación de incumplimiento legal se debe, en parte, a la falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos aragoneses, y tampoco hay que olvidar que existe una oposición por parte de diversos colectivos que presentaron alegaciones cuando la propuesta se hizo pública. Tampoco ayuda, en el caso del aragonés, la controversia entre filólogos sobre si esta modalidad lingüística es o no una lengua.

Derechos, no obligaciones

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias (PSOE), catalanohablante y nacido en Bonansa (Huesca), un municipio de la Franja, anunció que en otoño presentará la Ley de Lenguas de Aragón, sobre la que explicó que "a diferencia de otras lenguas que son obligatorias para los ciudadanos, la nuestra generará derechos y libertades, no generará obligaciones por lo que ningún aragonés se verá obligado a utilizar una lengua que no quiera". Fuentes del partido socialista explicaron a Público que este proceso se quiere llevar con discreción y cautela para evitar la polémica que desde hace años se ha generado con cada nuevo intento de regulación legislativa.

Existen dos partidos claramente contrarios a la elaboración de esta ley y que representan a la derecha aragonesa: el Partido Aragonés (PAR), socio de gobierno del PSOE, y el Partido Popular (PP). Ambos se niegan a apoyar el proyecto porque no quieren reconocer que lo que se habla en la Franja es catalán, obviando la opinión de lingüistas y académicos.

El PAR quiere que cada variedad lingüística tenga su nombre correspondiente. "No se puede imponer a la gente que lo que habla es catalán", explica la diputada del PAR María Herrero, que cree que es muy difícil llegar a un acuerdo ya que "hay posiciones totalmente inamovibles". Y el PP pide, tan solo, una "protección de las modalidades lingüísticas". "Hay que cumplir el Estatuto" mientras "lo que se haga no perturbe la convivencia", advierte el portavoz del grupo parlamentario popular, Antonio Suárez.

El resto de partidos, Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU), considera que se debe conseguir la cooficialidad del castellano, catalán y aragonés. Chesús Bernal, portavoz del CHA en las Cortes, recuerda que no sólo el Estatuto, sino también el Patrimonio Cultural Aragonés de 1999, establecen que "una ley de lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán, formas lingüísticas minoritarias de Aragón, así como la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia, como a la plena normalización de su uso en sus respectivos territorios".

Promesas otoñales

Para acallar críticas -y porque es una exigencia del Estatuto-, la presentación del anteproyecto de Ley de Lenguas aparece entre las cien medidas del gobierno de Aragón pactadas para esta legislatura por ambos socios, PSOE y PAR. Sin embargo, también formaba parte de las promesas de la anterior legislatura socialista, presidida igualmente por Marcelino Iglesias, y jamás vio la luz.

El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel (PAR), aseguró en junio que el borrador elaborado por el Departamento de Educación no se verá en el Consejo de Gobierno "hasta después de los fastos de la Expo" porque hay que conseguir "que no genere problemas donde no los hay".

Esperando un cambio

Pese a la coexistencia sin regulación alguna del castellano, el catalán y el aragonés en algunas zonas de este territorio, diversos colectivos y ciudadanos continúan reivindicando una ley que contemple la cooficialidad de las tres, para así sentir que existe un reconocimiento oficial de su situación.

De hecho, aunque los socialistas han gobernado en la anterior legislatura, y en la actual, y siempre han sido impulsores de la elaboración de dicha ley, ésta se ha quedado en una intención política bloqueada que provoca que, a día de hoy, miles de hablantes, tanto de aragonés como de catalán, no disfruten de los mismos derechos que los castellanohablantes de Aragón.

La Franja y el Pirineo, cuna de los hablantes
1. El aragonés - Entre 5.000 y 6.000 hablantes
Formado al norte de Aragón, el aragonés (altoaragonés o fabla aragonesa) es una modalidad derivada del latín que pervive en los valles del Alto Aragón, como Ansó, Hecho, Bielsa, Benasc y Aínsa. La Sociedad de Lingüística Aragonesa estima entre 5.000 y 6.000 sus hablantes, la gran mayoría en la provincia de Huesca.
2. El catalán de la franja - Entre 40.000 y 50.000 hablantes
El catalán de la Franja es considerado por los sociolingüistas como una variedad noroccidental de la lengua. Según las instituciones, el número de hablantes varía entre 40.000 y 50.000, repartidos en 83 municipios de las comarcas de La Ribagorça, La Llitera, Baix Cinca, Baix Aragó-Casp y Matarranya. Un estudio difundido por la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat en el 2007 indica que el 98,5% de la población entiende el catalán, un 88,8% lo habla y un 72,9% lo tiene como lengua inicial. Curiosamente, éstas son las cifras más altas en relación con los usos respecto a las comunidades en las que el catalán es oficial. En cuanto a la escritura, las cifras bajan al cuarto lugar. Además, cerca de 4.000 alumnos de Primaria y Secundaria de estas comarcas estudian esta lengua.

11.8.08

Rajoy busca llevar al Congreso la bronca de la financiación

[Artículo publicado originalmente en el diario Público]
PATRICIA HORRILLO / DAVID MIRÓ - BARCELONA - 11/08/2008 21:34

El PP urge la comparecencia de Zapatero aprovechando la división socialista


Mariano Rajoy considera que ha encontrado por fin el talón de Aquiles de Zapatero en la financiación y la división que suscita en el PSOE. Por eso, en una hábil jugada, el PP solicitó este lunes la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para que autorice la celebración de un pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre esta cuestión. Y aunque el PP no tiene una propuesta alternativa clara, Rajoy declaró a Europa Press que se "está generando una crisis política muy importante" que puede afectar a la aprobación de los Presupuestos. "La gente tiene derecho a saber qué va a pasar con el dinero de los contribuyentes", apostilló.

Precisamente, el presidente de CiU, Artur Mas, instó ayer al president Montilla a pasar de "las palabras a los hechos" y rechazar los presupuestos si no hay acuerdo sobre la financiación. En el mismo sentido se han expresado ERC e ICV. El portavoz popular, Esteban González Pons, puso ayer el dedo en la llaga al declarar que "en los últimos días parece que nuestro Gobierno es de coalición PSC-PSOE".

Recelos en CiU

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de "chocante y sorprendente" que Rajoy se interese ahora por el Estatut y le reprochó que "nunca arrime el hombro". Pero lo cierto es que el PSOE necesita ahora el apoyo de CiU o del PNV para rechazar la petición de comparecencia. Fuentes de CiU dijeron a Público que decidirán el sentido de su voto el mismo día de la Diputación Permanente pero que en principio no estaban por votar con un PP que "quiere cargarse la financiación" y que su único objetivo es "atacar al Gobierno". El PNV también se reserva el voto.

Quizá esperando esta reacción poco entusiasta, Rajoy ya avanzó que "espero que todos nos apoyen y, si no nos apoyan, es evidente que algo tienen que ocultar."

Reunión con Castells

Por su parte, la presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, se reunió con el conseller de Economía, Antoni Castells, y le ofreció sumarse al frente unitario por la mejora de la financiación siempre que se haga al margen del Estatut. Se trata de una oferta inasumible ya que la norma catalana incluye un capítulo de financiación de consenso entre PSC y CiU.

Y en este contexto tan enrevesado la Comunidad de Madrid denunció que el Gobierno no le ha ingresado un total de 418 millones de euros que corresponden a los anticipos de Tesorería para salud. El consejero de Economía, Antonio Beteta, avisó de que si no llega el dinero el Ministerio debería "comunicar cuáles son los hospitales o centros de salud que, en su opinión, no deben seguir prestando servicios".

El Ministerio respondió que es "rotundamente falso" que se haya negado ese dinero y que se está a la espera de conocer si se cumplen las condiciones para hacer el ingreso.

Los puntos calientes de la negociación
1. Los límites de la nivelación
Según el Estatut, la nivelación entre las comunidades para que todas puedan ofrecer prestaciones similares debe afectar a la salud, la educación y los servicios sociales básicos. Para la Generalitat estos tres paquetes representan un 75% del total de recursos que se reparten. Desde el Gobierno y otras comunidades se quiere incoporar como servicios sociales otros elementos como la justicia para elevar este porcentaje. A mayor porcentaje a repartir, menos dinero para Catalunya, y al revés.
2. ¿Cómo se contabilizan los inmigrantes?
Catalunya sostiene que atender a la población inmigrante tiene sobrecostes que deben reflejarse en la financiación y tiene el apoyo de Valencia. El Gobierno quiere minimizar al máximo ese criterio.
3. El criterio de la población
El peso del factor población en el reparto de fondos es ahora del 90%. Comunidades como Galicia, Castilla y León o Aragón quieren rebajar ese factor al 70-80% y que se computen otros como la extensión geográfica o el envejecimiento. 

9.8.08

Nuevos modelos sociales ante la crisis económica

[Artículo publicado originalmente en el diario Público]
PATRICIA HORRILLO - BARCELONA - 09/08/2008 21:12

El decrecimiento aboga por reducir el consumo y utilizar el sol como única fuente de energía


Si a uno le preguntan si está de acuerdo en reducir su estatus económico, la respuesta será contundente y lógica, según los parámetros que se manejan en nuestra sociedad: “No”. Sin embargo, si se nos explica que cambiando los principios de exceso en los que se basa el sistema de consumo que conocemos encontraremos la manera de no acabar con el planeta y de potenciar un equilibrio entre el norte y el sur, puede que empecemos a escuchar.

Ésta fue la principal conclusión a la que se llegó en la XII edición de los Cursos de Verano de la Universitat de la Pau, que este año ha centrado su temática en las crisis energéticas y sus soluciones. Una de esas salidas posibles es el decrecimiento, una corriente de pensamiento que choca con el capitalismo. Contrariamente a lo que se pueda pensar, no se basa sólo en un modelo filosófico, sino que tiene sus antecedentes en críticos ecológicos y sociales de los últimos 30 años. Uno de los principales referentes de este movimiento es Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), un economista, estadístico y matemático rumano que puso en cuestión el paradigma de la ciencia económica y acuñó el concepto de bioeconomía en los 70.

Un cambio de dirección

Su planteamiento, crítico con la economía ortodoxa, presenta un cambio de dirección: “En lugar de investigar métodos más eficientes en términos económicos para capturar la energía mineral (finita y llena de contaminantes pesados), debemos dirigir nuestros esfuerzos a mejorar los usos directos de la energía solar (la única limpia y, en esencia, ilimitada)”, explica en su libro La Ley de la Entropía y el proceso económico (1971).

Pese a todo, consciente de lo difícil que resultaría proponer que la sociedad occidental renunciara por completo a la comodidad industrial, este economista elaboró un programa bioeconómico mínimo para desarrollar un cambio estructural de fondo.

Según ese programa, con el final de la guerra y de la producción de armas se terminarían las matanzas, y un importante capital humano se dedicaría a ayudar a los países subdesarrollados. También se debería reducir gradualmente la población de la Tierra, hasta un nivel en el que la humanidad se pudiera alimentar exclusivamente con productos agrícolas orgánicos. Y lo deseable es que, para obtenerlos, “no se dependa en ningún grado del petróleo (ni fertilización, ni plaguicidas, ni distribución de los alimentos), sino del flujo solar”, añade Giorgio Mosangini, representante del movimiento de decrecimiento que enlaza las directrices de Georgescu-Roegen con la agroecología, que aplica los principios de la ecología al desarrollo y la gestión de sistemas agrícolas sostenibles.

Siguiendo con las directrices de Georgescu-Roegen, se debe evitar cualquier gasto energético causado por sobrecalentamiento, sobreenfriamiento, velocidad o iluminación excesivas hasta que el sol sea la única fuente de energía. Además, “la mitad de la energía que se extrae no se consume, se pierde”, argumenta Mosangini.

El siguiente punto del programa alude a la adquisición de productos de lujo y a la existencia de la moda. Georgescu-Roegen considera “una enfermedad de la mente tirar un abrigo o un mueble cuando aún pueden desempeñar su propósito específico”, y sentencia que “obtener un auto nuevo cada año y remodelar la casa cada dos es un crimen bioeconómico”. Es por ello que cree necesario “ampliar la vida útil de los bienes duraderos con diseños que permitan repararlos”.

Objetivos vitales

Georgescu-Roegen redujo el sistema capitalista a un concepto que él denominó el “circúndrome de la máquina de afeitar”: afeitarse más rápido para tener más tiempo para trabajar en una máquina que afeite con mayor rapidez para tener más tiempo para trabajar en una máquina que sea aún más rápida y así ad infinitum.

“Debemos llegar a comprender que un requisito previo importante para una vida buena es disponer de una cantidad considerable de ocio empleado de manera inteligente”, concluye.

El PSC insinúa que puede vetar los Presupuestos si no hay financiación

[Artículo publicado originalmente en el diario Público]
PATRICIA HORRILLO - BARCELONA - 09/08/2008 18:37

De la Vega acusa al president Montilla de haber incurrido el viernes en un "exceso verbal"


El conseller de Economía, Antoni Castells, dejó caer la frase como quien no quiere la cosa: “Yo quiero pensar que tendremos unos Presupuestos del Estado tan respetuosos con el modelo de financiación que propone el Estatut que no tendremos ningún problema en votarlo”. La amenaza de vetar los Presupuestos por parte del PSC, aunque tácita, se puso encima de la mesa justo el día que se cumplía el plazo fijado por el Estatut para pactar un nuevo sistema de financiación. El viernes, el president de la Generalitat, José Montilla, ya había dejado claro que toda la responsabilidad de este fiasco corresponde al Gobierno.

Llegados a esta situación de incumplimiento de una ley orgánica aprobada en las Cortes hace ahora dos años, el tripartito catalán (PSC, ICV y ERC) y Convergencia i Unió (CiU), se reunieron ayer en la sede del departamento de Economía de la Generalitat y decidieron formar un frente para lograr un modelo de financiación que sea “justo para Catalunya”, según declaró Castells.

Plan de actuación

“No aceptaremos un mal acuerdo, ni un acuerdo a cualquier precio”. Ésta ha sido la rotunda conclusión a la que llegaron ayer las dos partes de esta unión de fuerzas políticas catalanas, en un momento que el diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó describió como “tiempos de unidad”. Teixidó también puntualizó que un mal acuerdo sería en el que se produjera “el incumplimiento del Estatut”.

Pese a esta hermandad entre el Govern catalán y el principal partido de la oposición y a la crítica realizada en bloque por el incumplimiento del Estatut por parte del gobierno central existen diferencias de matiz y también de tono. De un lado, Castells criticó la “ligereza con la que algunos relativizan el cumplimiento de un término estatutario como éste”, que calificó de “hecho grave”, y acusó de falta de compromiso al gobierno de Zapatero. Por su parte, el diputado de CiU, Francesc Homs, que no dudó en decir que “Zapatero pasará a la historia por ser el más falso de los presidentes de España”, advirtió que “si no hay un buen acuerdo, no firmaremos los Presupuestos Generales del Estado de 2009”.

Reafirmando esta idea, el líder de CiU, Artur Mas, apuntó en un artículo en La Vanguardia, que para CiU “un buen acuerdo será el que cumpla al cien por cien lo que establece el Estatut”, y así poder reducir el déficit fiscal y hacer que Catalunya no pierda puestos en la lista de riqueza per cápita tras su aportación solidaria al resto de sistema autonómico.
Sin embargo, el órdago que echaba Homs sólo será efectivo si los 25 diputados del PSC deciden retirar su apoyo al resto de diputados socialistas en la aceptación de los Presupuestos del Estado. Decisión que, según Mas, debería tomarse en el caso de no llegar a un acuerdo en la financiación satisfactorio para todas las partes, y emplazó a seguir negociando.

Más que palabras

El titular de Economía catalán reiteró la idea que el presidente de la Generalitat, José Montilla, transmitió la noche anterior en una cena con militantes del PSC, sobre que, en términos financieros, a España le conviene lo que le conviene a Catalunya.

Montilla había dado la vuelta al lema de la campaña de las elecciones generales de 2004 que rezaba “si gana Zapatero, gana Catalunya”, y en esta ocasión, y en respuesta al incumplimiento del Estatut por parte del gobierno central, afirmó que “si gana Catalunya, gana Zapatero”.

pero el president de la Generalitat no se limitó a juegos de palabras sino que criticó duramente al gobierno. Por ello, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, le acusó ayer de incurrir en un “exceso verbal”. De la Vega explicó desde Haití que había hablado telefónicamente con Montilla, “desde el respeto, pero con algunas discrepancias”. Aún así, la vicepresidenta se mostró segura de conseguir un acuerdo satisfactorio para todas las partes.