14.11.08

Libertad, igualdad, fraternidad... y antisemitismo

El caso Dreyfus puso en evidencia a una sociedad francesa alejada de los principios de la fundación de la República

Patricia Horrillo
BARCELONA

El 13 de enero de 1898 el periódico L'Aurore publicó, en una portada sin precedentes en la historia de la prensa, una carta escrita por Émile Zola, titulada “J’accuse!” (“Yo acuso”), y dirigida al presidente de la República Francesa, al que acusaba de cerrar los ojos ante la injusticia. El caso al que hacía alusión Zola era el del capitán Alfred Dreyfus, un militar francés acusado de alta traición, pese a la existencia de pruebas que proclamaban su inocencia, y condenado de por vida a la Isla del Diablo, una colonia penal de Sudamérica.



El origen del caso se remontaba a 1894, al descubrirse una lista de secretos militares franceses que podía ser susceptible de haberse filtrado al Imperio Alemán. El Ministro de Guerra francés, el general Auguste Mercier, llevó a cabo una investigación de dudosa consistencia para encontrar al traidor y puso a Dreyfus, el único judío oficial del Estado Mayor y de origen alsaciano, en el punto de mira de la acusación. El resultado fue la condena de Dreyfus basada en un informe falsificado —hecho que años más tarde sería descubierto—, y en un contexto en el que el antisemitismo estaba cobrando fuerza.

Dos años más tarde y por caminos separados, la familia de Dreyfus y el teniente coronel George Picquart, nuevo jefe de la Inteligencia militar, se descubrió al auténtico traidor: el comandante Ferdinand Walsin Esterhazy, espía del Imperio Alemán. Los que habían defendido a Dreyfus pidieron que se reabriera el caso, y se encontraron con la oposición de los oficiales de alto rango que conspiraron para proteger al traidor y librar así al ejército de la vergüenza de asumir el error, por lo que Esterhazy fue absuelto.

Ante el escándalo de esta ocultación de la verdad, Zola decidió escribir el “J’acusse!”, que produjo una gran conmoción en la sociedad francesa, dividida entre partidarios y detractores de Dreyfus. Estos últimos alentados por una prensa que fomentaba el antisemitismo presentando en sus viñetas a los judíos como serpientes o alimañas, y describiéndoles en sus artículos como una raza de la que Francia debía deshacerse.

Zola denunció en sus artículos al Gobierno francés, por encubrimiento, al tribunal militar, que había condenado a Dreyfus con pruebas falsas, a la prensa, que había convertido un proceso legal en un espectáculo mediático manipulando a la opinión pública, y a la propia sociedad francesa, a la que consideraba cómplice de aquella situación. Por todo ello, el novelista se tuvo que exiliar a Inglaterra desde donde siguió luchando para que se hiciera justicia, hasta que en 1899 el capitán fue indultado y unos años más tarde fue rehabilitado y condecorado con la Legión de Honor.

El caso Dreyfus es un ejemplo paradigmático del uso de la mentira por los medios de comunicación como eje de una información vendida como veraz y el fomento del antisemitismo por el hecho de que el capitán fuera judío. En este caso, la mentira también influyó en el poder Judicial, que puso en prisión a una persona inocente.

16.10.08

La Gazette de France

La aparición de los diarios suele asociarse, erróneamente, al desarrollo de los Estados liberales y al concepto de democracia por su vinculación a la libertad de expresión y a la libre circulación de información. Sin embargo, la primera gran publicación periódica y de cierto peso en Europa se enmarca en un contexto poco afín a las libertades individuales, como fue la monarquía absoluta francesa del siglo XVII, que dio lugar a la Gazette o gaceta, término procedente de las palabras italianas gazza, urraca, y gazetta, moneda veneciana a cuyo precio se vendían hojas informativas.



La Gazette fue el primer periódico de Francia, y su número de salida se remonta al 30 de mayo de 1631. Su fundador, también considerado el padre del periodismo francés, Théophraste Renaudot (Loudun,1586 – Paris, 1653), fue un protestante converso que consiguió del rey Luis XIII, de quien era médico, un privilegio de impresión, que le aseguraba el visto bueno del gobierno y la ausencia de competencia. Además, el Cardenal Richelieu, que era el primer ministro francés y protector de Renaudot, le concedió el derecho para que él y sus hijos pudieran publicar “a perpetuidad”.

Hasta el nacimiento de la Gazette, las novedades y los acontecimientos circulaban mediante papeles escritos a mano (nouvelles à la main), a los que sólo podían acceder algunos individuos debido a su elevado coste y al bajo nivel de alfabetización de la población francesa de la época. Así, la Gazette se convirtió rápidamente en el medio más importante y efectivo de difusión de las noticias y, como estaba dirigido por la monarquía, en la mejor herramienta para controlar el flujo informativo que circulaba en el Estado. Tal y como lo expresó su fundador, la Gazette era “el periódico de los reyes y de los poderosos de la Tierra”. Con esta publicación, que pasó de 1.200 ejemplares en los tirajes iniciales a 12.000 a finales del siglo XVIII, se ayudó a elevar el nivel cultural y se fortaleció el poder real y el centralismo del Estado.

Poco después de que la Gazette se pusiera en marcha, la monarquía decidió completar ese modelo de prensa política con el Journal des Savants (1665), de carácter científico, y el Mercure galant (1672), referido al mundo literario y cultural.

La Gazette se publicaba semanalmente e informaba a sus lectores sobre los acontecimientos de la Corte y de la nobleza. En sus inicios, incluía noticias del extranjero y avisos oficiales, pero, al poco tiempo, se empezaron a publicar sucesos ocurridos dentro del país. Más adelante, aparecerían noticias, artículos y comentarios de tipo político, algunos de los cuales eran escritos por el Cardenal Richelieu y por el propio Luis XIII.

Durante el nacimiento de la revolución francesa, la Gazette guardó silencio y ni siquiera mencionó la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, centrándose exclusivamente en explicar los actos a los que acudía el gobierno. Pese a sus orígenes, sobrevivió a los nuevos periodos de la historia de Francia y no cerró sus puertas hasta 1915.

7.9.08

Atasco lingüístico en Aragón

[Artículo publicado originalmente en el diario Público]
PATRICIA HORRILLO - BARCELONA - 07/09/2008 20:59

Los partidos conservadores (PAR y PP) intentan boicotear la oficialidad del aragonés y el catalán


Si a un habitante de Teruel se le pregunta qué modalidades lingüísticas se hablan en su comunidad autónoma, seguramente responderá que el castellano. Nada más alejado de la realidad. Aragón es una comunidad multilingüe tal y como en 1982 fue recogido en su Estatuto de Autonomía. Sin embargo, tuvieron que pasar 25 años hasta que, con la aprobación del actual Estatuto de 2007, se contemplara la creación de una legislación que regule y proteja el catalán, hablado en la Franja aragonesa, y el aragonés, que sobrevive en los valles pirenaicos.

Pero parece que esa ley no llega. Y, aunque se han presentado diversos borradores, ninguno de estos intentos ha prosperado pese a las reiteradas promesas electorales. Esta situación de incumplimiento legal se debe, en parte, a la falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos aragoneses, y tampoco hay que olvidar que existe una oposición por parte de diversos colectivos que presentaron alegaciones cuando la propuesta se hizo pública. Tampoco ayuda, en el caso del aragonés, la controversia entre filólogos sobre si esta modalidad lingüística es o no una lengua.

Derechos, no obligaciones

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias (PSOE), catalanohablante y nacido en Bonansa (Huesca), un municipio de la Franja, anunció que en otoño presentará la Ley de Lenguas de Aragón, sobre la que explicó que "a diferencia de otras lenguas que son obligatorias para los ciudadanos, la nuestra generará derechos y libertades, no generará obligaciones por lo que ningún aragonés se verá obligado a utilizar una lengua que no quiera". Fuentes del partido socialista explicaron a Público que este proceso se quiere llevar con discreción y cautela para evitar la polémica que desde hace años se ha generado con cada nuevo intento de regulación legislativa.

Existen dos partidos claramente contrarios a la elaboración de esta ley y que representan a la derecha aragonesa: el Partido Aragonés (PAR), socio de gobierno del PSOE, y el Partido Popular (PP). Ambos se niegan a apoyar el proyecto porque no quieren reconocer que lo que se habla en la Franja es catalán, obviando la opinión de lingüistas y académicos.

El PAR quiere que cada variedad lingüística tenga su nombre correspondiente. "No se puede imponer a la gente que lo que habla es catalán", explica la diputada del PAR María Herrero, que cree que es muy difícil llegar a un acuerdo ya que "hay posiciones totalmente inamovibles". Y el PP pide, tan solo, una "protección de las modalidades lingüísticas". "Hay que cumplir el Estatuto" mientras "lo que se haga no perturbe la convivencia", advierte el portavoz del grupo parlamentario popular, Antonio Suárez.

El resto de partidos, Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU), considera que se debe conseguir la cooficialidad del castellano, catalán y aragonés. Chesús Bernal, portavoz del CHA en las Cortes, recuerda que no sólo el Estatuto, sino también el Patrimonio Cultural Aragonés de 1999, establecen que "una ley de lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán, formas lingüísticas minoritarias de Aragón, así como la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia, como a la plena normalización de su uso en sus respectivos territorios".

Promesas otoñales

Para acallar críticas -y porque es una exigencia del Estatuto-, la presentación del anteproyecto de Ley de Lenguas aparece entre las cien medidas del gobierno de Aragón pactadas para esta legislatura por ambos socios, PSOE y PAR. Sin embargo, también formaba parte de las promesas de la anterior legislatura socialista, presidida igualmente por Marcelino Iglesias, y jamás vio la luz.

El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel (PAR), aseguró en junio que el borrador elaborado por el Departamento de Educación no se verá en el Consejo de Gobierno "hasta después de los fastos de la Expo" porque hay que conseguir "que no genere problemas donde no los hay".

Esperando un cambio

Pese a la coexistencia sin regulación alguna del castellano, el catalán y el aragonés en algunas zonas de este territorio, diversos colectivos y ciudadanos continúan reivindicando una ley que contemple la cooficialidad de las tres, para así sentir que existe un reconocimiento oficial de su situación.

De hecho, aunque los socialistas han gobernado en la anterior legislatura, y en la actual, y siempre han sido impulsores de la elaboración de dicha ley, ésta se ha quedado en una intención política bloqueada que provoca que, a día de hoy, miles de hablantes, tanto de aragonés como de catalán, no disfruten de los mismos derechos que los castellanohablantes de Aragón.

La Franja y el Pirineo, cuna de los hablantes
1. El aragonés - Entre 5.000 y 6.000 hablantes
Formado al norte de Aragón, el aragonés (altoaragonés o fabla aragonesa) es una modalidad derivada del latín que pervive en los valles del Alto Aragón, como Ansó, Hecho, Bielsa, Benasc y Aínsa. La Sociedad de Lingüística Aragonesa estima entre 5.000 y 6.000 sus hablantes, la gran mayoría en la provincia de Huesca.
2. El catalán de la franja - Entre 40.000 y 50.000 hablantes
El catalán de la Franja es considerado por los sociolingüistas como una variedad noroccidental de la lengua. Según las instituciones, el número de hablantes varía entre 40.000 y 50.000, repartidos en 83 municipios de las comarcas de La Ribagorça, La Llitera, Baix Cinca, Baix Aragó-Casp y Matarranya. Un estudio difundido por la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat en el 2007 indica que el 98,5% de la población entiende el catalán, un 88,8% lo habla y un 72,9% lo tiene como lengua inicial. Curiosamente, éstas son las cifras más altas en relación con los usos respecto a las comunidades en las que el catalán es oficial. En cuanto a la escritura, las cifras bajan al cuarto lugar. Además, cerca de 4.000 alumnos de Primaria y Secundaria de estas comarcas estudian esta lengua.

11.8.08

Rajoy busca llevar al Congreso la bronca de la financiación

[Artículo publicado originalmente en el diario Público]
PATRICIA HORRILLO / DAVID MIRÓ - BARCELONA - 11/08/2008 21:34

El PP urge la comparecencia de Zapatero aprovechando la división socialista


Mariano Rajoy considera que ha encontrado por fin el talón de Aquiles de Zapatero en la financiación y la división que suscita en el PSOE. Por eso, en una hábil jugada, el PP solicitó este lunes la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para que autorice la celebración de un pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre esta cuestión. Y aunque el PP no tiene una propuesta alternativa clara, Rajoy declaró a Europa Press que se "está generando una crisis política muy importante" que puede afectar a la aprobación de los Presupuestos. "La gente tiene derecho a saber qué va a pasar con el dinero de los contribuyentes", apostilló.

Precisamente, el presidente de CiU, Artur Mas, instó ayer al president Montilla a pasar de "las palabras a los hechos" y rechazar los presupuestos si no hay acuerdo sobre la financiación. En el mismo sentido se han expresado ERC e ICV. El portavoz popular, Esteban González Pons, puso ayer el dedo en la llaga al declarar que "en los últimos días parece que nuestro Gobierno es de coalición PSC-PSOE".

Recelos en CiU

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de "chocante y sorprendente" que Rajoy se interese ahora por el Estatut y le reprochó que "nunca arrime el hombro". Pero lo cierto es que el PSOE necesita ahora el apoyo de CiU o del PNV para rechazar la petición de comparecencia. Fuentes de CiU dijeron a Público que decidirán el sentido de su voto el mismo día de la Diputación Permanente pero que en principio no estaban por votar con un PP que "quiere cargarse la financiación" y que su único objetivo es "atacar al Gobierno". El PNV también se reserva el voto.

Quizá esperando esta reacción poco entusiasta, Rajoy ya avanzó que "espero que todos nos apoyen y, si no nos apoyan, es evidente que algo tienen que ocultar."

Reunión con Castells

Por su parte, la presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, se reunió con el conseller de Economía, Antoni Castells, y le ofreció sumarse al frente unitario por la mejora de la financiación siempre que se haga al margen del Estatut. Se trata de una oferta inasumible ya que la norma catalana incluye un capítulo de financiación de consenso entre PSC y CiU.

Y en este contexto tan enrevesado la Comunidad de Madrid denunció que el Gobierno no le ha ingresado un total de 418 millones de euros que corresponden a los anticipos de Tesorería para salud. El consejero de Economía, Antonio Beteta, avisó de que si no llega el dinero el Ministerio debería "comunicar cuáles son los hospitales o centros de salud que, en su opinión, no deben seguir prestando servicios".

El Ministerio respondió que es "rotundamente falso" que se haya negado ese dinero y que se está a la espera de conocer si se cumplen las condiciones para hacer el ingreso.

Los puntos calientes de la negociación
1. Los límites de la nivelación
Según el Estatut, la nivelación entre las comunidades para que todas puedan ofrecer prestaciones similares debe afectar a la salud, la educación y los servicios sociales básicos. Para la Generalitat estos tres paquetes representan un 75% del total de recursos que se reparten. Desde el Gobierno y otras comunidades se quiere incoporar como servicios sociales otros elementos como la justicia para elevar este porcentaje. A mayor porcentaje a repartir, menos dinero para Catalunya, y al revés.
2. ¿Cómo se contabilizan los inmigrantes?
Catalunya sostiene que atender a la población inmigrante tiene sobrecostes que deben reflejarse en la financiación y tiene el apoyo de Valencia. El Gobierno quiere minimizar al máximo ese criterio.
3. El criterio de la población
El peso del factor población en el reparto de fondos es ahora del 90%. Comunidades como Galicia, Castilla y León o Aragón quieren rebajar ese factor al 70-80% y que se computen otros como la extensión geográfica o el envejecimiento.